La
minería en Bolivia
La historia de
Bolivia es, en gran parte, la historia de la minería. La fundación y el desarrollo de
las principales ciudades del Occidente del país, Potosí, Oruro, Sucre, La Paz y
Cochabamba, tienen relación con el carácter minero de esta región. Con el descubrimiento
del Cerro Rico se inició el desarrollo de la minería en Bolivia. En la década del 60
el PIB de Bolivia estaba constituído básicamente por la actividad minera. 1985 fue el fin
de la minería estatal, iniciándose el período de las concesiones. El 29 de agosto del
2005 se cumplieron 20 años de la promulgación del Decreto Supremo 21060, que
inició el desmoronamiento del débil aparato estatal y luego el gobierno de Sanchez de
Lozada, a partir del 6 de agosto de 1993, precipitó al país por la vía del modelo neoliberal
licitando todas las pertenencias de COMIBOL, entregando concesiones a
perpetuidad a privados, incluyendo a su
propia empresa y estableciendo
las condiciones legales y estructurales para favorecerlas.
A partir de
entonces, las políticas de fomento a la minería han dictado leyes y normas para
facilitar las actividades de exploración y explotación, reglamentos para facilitar las
operaciones de las empresas y un régimen especial de beneficios tributarios aún
más cuestionable para los intereses del país que la abrogada Ley de Hidrocarburos.
En otras palabras la actividad minera cuenta con un marco operativo del cual no
disponen otras actividades productivas en el país, incluso los derechos mineros se
sobreponen a todos los otros derechos como son los derechos sobre el agua, los
recursos forestales que se encuentran en el área de concesión o que sean necesarios para
la actividad minera, sean ellos públicos o privados, derechos a servidumbres y
expropiación y la prescripción de las acciones por daños al medio ambiente,
originados en actividades mineras, afectando de esta manera otras actividades
económicas como la producción agrícola y pecuaria.
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