La minería y
especialmente la de grandes inversiones, no se conecta al desarrollo local/regional,
entre otras razones, porque las empresas mineras concentran sus compras fuera
del departamento, por lo que su incidencia en las economías rurales es prácticamente nula.
Por ello, y a
pesar de que la actividad minera ha sido la principal actividad
económica
durante años, los departamentos tradicionalmente mineros como Potosí y Oruro, son actualmente los más pobres del
país. Cada crisis minera, determinada por la caída de los precios
internacionales, la sustitución de la demanda de minerales, la manipulación de
precios a través de las reservas de los países como Estados Unidos, sumado a
los beneficios que ha otorgado el Estado a los empresas mineras, han afectado a
un país minero monoproductor como Bolivia, provocando a su vez profundas crisis
económicas cuyo peso ha sido recargado fundamentalmente en el trabajador minero.
Si bien los
concesionarios mineros aportan anualmente al Tesoro General de la Nación el
pago de la patente minera, con un monto muy reducido ($US 1 a 2 por hectárea de
concesión minera), estas patentes no benefician en nada a las comunidades,
cantones y provincias donde están los yacimientos mineros, ni siquiera a sus
Prefecturas de departamento.
Las comunidades
ni siquiera están informadas de qué empresas, individuos, e incluso hasta sus
propias autoridades y dirigentes son o se han vuelto propietarios de
concesiones mineras en su zona. La
Superintendencia de Minería nunca ha publicado un informe, con un mapeo regional
accesible al público, porque justamente la política neoliberal ha promovido el
silencio cómplice del Estado
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